Miguel Barroso, Director de la Casa de América, presentó el pasado día 13 de Diciembre el Informe "Los medios de comunicación en la experiencia migratoria latinoamericana" dentro de unas jornadas que, bajo el titulo " Inmigración latinoamericana y medios de comunicación" , reflejan el interés creciente que tienen los medios de comunicación en el relativamente reciente flujo de inmigración en que se ha envuelto España, país que, como es bien sabido, se ha caracterizado por ser un exportador de población hasta, precisamente, fechas muy recientes. Por eso, este tipo de estudios son una magnifica oportunidad para conocer la relevancia que tienen los medios de comunicación en el “efecto llamada“ una de las claves aducidas por los expertos para controlar el flujo de las corrientes migratorias. No cabe duda que nada desearían más algunos de nuestros brillantes asesores de política migratoria que ser capaces de conocer las claves que forman el conocido “efecto llamada” y, me temo, poder regularlo a su gusto. Cual si de un bumerang estuviéremos hablando. Que fuera o viniera por donde interesara. Sobre todo, a los que hacen de la economía informal y de la contratación ilegal su forma de vida. Porque, como es bien sabido, y escasamente reconocido, los flujos de migración tienen un componente económico que favorece un determinado tipo de economía, bien sea en Estados Unidos o bien en Europa y desde luego, España no es una excepción.

Consideraciones aparte, este Informe presentó los datos que relacionan los medios de comunicación y la decisión de los inmigrantes a hacerlo. En principio los datos indican que los medios poca incidencia tienen en esta decisión. Priman más – como indica la evidencia- los contactos establecidos a través de redes de familiares y de amigos.

Demometrica, representada por Miguel de la Fuente, hizo el trabajo de campo y la elaboración de los datos de este Informe dirigido por Bernardo Díaz Nosty, director del Departamento de periodismo de la Universidad de Málaga. ¿Los objetivos de este estudio? Amplios en contexto: Influencia de los medios en la toma de decisiones de los inmigrantes, tratamiento que los medios hacen de los procesos y el papel que los medios juegan en las identidades deslocalizadas. Díaz Nosty aludió al conocido sociólogo Robert Park (1864-1944) – que desarrolló la conocida teoría de la Ecología Humana y la competencia como factor de apropiación de los recursos- para recalcar la importancia dada a los inmigrantes en la Norteamérica de finales del siglo XIX integrándolos como actores sociales a través de procesos identitarios notorios. Este fue, probablemente, uno e los motivos subyacentes en el informe: la importancia que los medios de comunicación “latinos” tienen en los espacios de comunicación nacionales. Y no sólo para informar a la comunidad latina. Ya hace tiempo que radios como la “W”, por poner un ejemplo, forma parte del escenario informativo de los madrileños. Y si aumentan el contenido “internacional” de sus entrevistas, se incrementaría su audiencia. Y si no, a las pruebas me remito.

Cuando Miguel de la Fuente expreso los criterios escogidos para la muestra en que se basa el estudio (Intervalo de edad: 20-44 años; Tiempo de residencia en España: máximo 5 años; Nacionalidad) varias preguntas surgieron. ¿Intervalo de edad? No parece lo más adecuado si se tiene en cuenta que los recientes casos de reunificación familiar incluyen a padres y abuelos de antiguos inmigrantes que se encargan del cuidado de sus nietos, estructurando su socialización. Y no son porcentaje desdeñable. Fijar un máximo de 5 años como límite de residencia en España es, cuando menos, discutible. No debe afectar mucho la fiabilidad de la muestra si tenemos en cuenta que el grueso de la población inmigrante se ha producido en los últimos 10 años y, por otra parte, el recuerdo no debe verse afectado por sucesos ocurridos en un horizonte tan cercano. La elección de nacionalidades como estructura estructurante – en términos de Bourdieu- es relevante. Téngase en cuenta que en el último censo del INE refleja una importante comunidad migrante latinoamericana: Ecuador:399.585; Colombia:238.582; Argentina: 135.961; Bolivia:132.446; Perú:86.912. Y de estas nacionalidades, los bolivianos y los ecuatorianos son los que menos se identifican con la cultura de España. (Sea esta lo que quiera significar).

Afortunadamente, este informe se complementará con un estudio cualitativo que permitirá conocer con mayor fiabilidad algunos aspectos relevantes en el estudio de una comunidad migrante como la latinoamericana. En primer lugar, se podrá conocer con mayor detenimiento las experiencias mediáticas previas (léase las del país de origen) y las representaciones simbólicas que subyacen en el imaginario colectivo (y esperemos que las determinantes del identitario subyacente); en segundo lugar, conocer in situ (es decir, en España) si existe un proceso de convergencia cultural o, si por el contrario, se “acentúan” las identidades nacionales en España; en tercer lugar, valorar como se percibe el enriquecimiento mediático en España (en el caso de que eso exista, supongo) y los caminos que surgen del capital humano en este proceso. Lo mejor de estos planteamientos es que intentan acercarse a la realidad latinoamericana en España. Su debilidad estriba en la visión del “otro” que es estudiado, analizado y hasta puede que comprendido pero que, paradójicamente, no forma parte de las estructuras que delimitan el contexto teórico del estudio/informe. Un tema como la migración es un tema presente, estudiado, analizado en un país que como el Ecuador, por poner un ejemplo, con 13 millones de habitantes tiene la tercera parte de su población fuera de sus fronteras. La riqueza contextual y las categorías analíticas podrían adquirir una mayor riqueza hermenéutica si los actores participasen en ellas no sólo como informantes.

No cabe duda, por otra parte, que esta realidad está tomando forma. Miguel Barroso habló sin rodeos de la importancia política de Latinoamérica en la política estratégica de la Casa de América al ver pasar de 15.000 a cerca de dos millones el número de latinoamericanos en un período de 15 años. De igual manera, Javier Nadal Ariño, Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica y mecenas del Informe, enfatizó el apoyo de telefónica al desarrollo de las nuevas tecnologías de información en áreas como la educación y la formación. Y dado la fuerte presencia de Telefónica en América Latina, no es de extrañar su interés por el consumo de la llamada “dieta mediatica” para canalizar sus esfuerzos en tecnologías de información en mercados emergentes fuera de sus países de origen.

Por último, Anunciada Fernández de Córdova explicó la importancia que tiene para la Secretaría de Estado para Latinoamérica la legalidad del proceso migratorio. Es loable que se hable de la igualdad y la dignidad tanto en los países de origen como en el de destino. Esta afirmación política responde a nuevas iniciativas en política exterior para paliar los excesivos esfuerzos en conocer los efectos de la migración en los países receptores, olvidando las situaciones de los migrantes en sus países de origen. Legalidad, igualdad y dignidad es el nuevo lema esgrimido para contextualizar el proceso migratorio. Esperemos que pronto podamos conocer los resultados que estas nuevas directrices marcan en asuntos sensibles como la cooperación internacional y el comportamiento – no siempre ético- de nuestras multinacionales “nacionales” y los datos cualitativos del Informe sobre los medios de comunicación y la experiencia migratoria, cuya relevancia es a todas luces evidente.

Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad del gobierno Zapatero ha explicado en el Foro de la Nueva Sociedad, el pasado día 30 de noviembre, los aspectos que desarrollará la nueva ley de Dependencia que fue aprobada por el Congreso de las Diputados ese mismo día. Esta ley tiene una importancia estratégica para la integración porque quiere reforzar en un único modelo los servicios sociales que basados en la educación, salud y pensiones deben elevar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias. La ley parte de un nuevo concepto de ciudadanía que contextualiza el derecho que tienen todas las personas a los servicios sociales y a las prestaciones económicas. Es en el fondo, el derecho a la promoción de la autonomía personal y conseguir que las personas que están en situación de dependencia tengan garantizado este sistema. Pero… ¿Cómo identificar a las personas que se encuentran en una situación de dependencia? De ello se hará cargo el Consejo Territorial de la Dependencia, institución de carácter autonómico cuya decisión tendrá validez en todo el Estado. Junto al baremo – que establece el nivel de dependencia- se establecerán los mecanismos de apoyo y supervisión. Teniendo en cuenta que se estima en 200.000 “gran dependientes” (dependientes de grado 1) el número de personas que se podrán acoger a esta ley cuando entre en vigor el próximo 1 de enero de 2007 no es de extrañar que se haya contemplado el establecimiento de una red de centros públicos y privados para atender esta demanda de servicios asistenciales. La ley contempla la colaboración y el estimulo fiscal con la iniciativa privada – algo que no quedó del todo claro en la intervención- hecho especialmente llamativo teniendo en cuenta la escasa voluntad asistencial que ha caracterizado al sector no público español.
El incremento presupuestario no es, por otra parte, nada desdeñable: 1664 millones de euros tiene estimados la Secretaría de Asuntos Sociales y un plan presupuestario general de 13.000 millones de euros en los próximos 8 años. El primer apartado supone de por si un 46% de incremento. Otro tipo de estimaciones cifran en 300.000 los empleos que se crearán en los próximos 10 años y, por otro lado, el CIS ha recogido en una reciente encuesta como el 76% de los ciudadanos se mostraba partidario de la misma. Si por otro lado, pensamos que se estiman en cerca de 2 millones de españoles los que sufren algún grado de dependencia sorprende que esta situación haya pasado un tanto desapercibida. Los datos indican que, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Sociales creo cerca de 5000 plazas nuevas en Centros de Día y 2687 en los de gran discapacidad (1,4% del total previsto) y cerca de 12269 nuevas plazas fueron habilitadas para personas menores de 65 años con deficiencias psíquicas. Teniendo en cuenta la situación actual extraña que esta ley no este más presente en nuestro ideario cotidiano. La ley establecerá nuevos protocolos en los centros socio-sanitarios y las infraestructuras deben garantizar que haya bien servicios o bien prestaciones dinerarias. Y si no hay infraestructura suficiente en la Red Pública (lo que parece evidente) habrá dinero para que se gestione en la Red Privada. Los cuidadores familiares recibirán formación, una prestación y alta en la Seguridad Social lo que favorecerá a mujeres de 53 años que son las cuidadoras de sus familiares en cerca del 80 % de estas personas dependientes. La implementación de un Consejo estatal de Familias será una de las medidas para facilitar y apoyar la integración. Todo lo manifestado por Valcarce parece ir en la línea fijada por el gobierno como estratégica :La ley de la igualdad y la ley de la dependencia. Con estos dos instrumentos en marcha - y los presupuestos asignados- no sólo parece que se producirá un notable cambio en la protección social. También se podrá contemplar como un nuevo concepto de bienestar social podrá hacerse visible para una parte muy importante de la población española que hasta el momento ha estado "invisiblemente dependiente".

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia del Gobierno Zapatero presentó en el Hotel Ritz el pasado día 27 de Noviembre de 2006 un balance de su gestión en el Ministerio. Su intervención se centró básicamente en los aspectos relacionados con la siempre polémica ley de la Reforma Universitaria que tiene como objetivo conseguir que la universidad española eleve sus niveles de excelencia al mismo tiempo que logra la convergencia en un "espacio común" de la enseñanza europea, de acuerdo a las directrices del llamado acuerdo de Bolonia.
Las cifras presupuestarias que maneja un Ministerio como este no son baladíes pero, paradójicamente, no estuvieron presentes en ningún momento. Y eso llama mucho la atención. Todos sabemos que los planes “ de prepuesto cero” adolecen cuando menos de dos defectos: el primero es la escasa incidencia en un plano que como el universitario está altamente funcionarializado y poco motivado y el segundo es la escasa capacidad de evaluar la gestión para conseguir los objetivos previstos en el mismo. Ya se sabe que si no se alcanzan es, fundamentalmente, porque no había presupuesto para ello. Y con este argumento – históricamente demostrado- muchos de los planes y proyectos se han quedado en un maravilloso deseo, en el mejor de los casos. Lo curioso es que a pesar de ello, “tenemos las mejores universidades de nuestra historia” en palabras de la Ministra. Y esas universidades permiten que un número muy elevado de la población española acceda a títulos universitarios a un coste relativamente bajo en instituciones públicas. Lo cual no deja de ser muy importante en términos de valor social y de creación económica. Y más teniendo en cuenta que España es uno de los pocos países donde la enseñanza en la Universidad Pública está asociada a términos de calidad.
Tal vez el discurso de la Ministra deba encuadrarse en otro contexto. El de la acción política de un Ministerio que ve como la mayoría de sus competencias han sido traspasadas a las Comunidades Autónomas. La creación de la ANECA- el organismo que regula la aptitud de los profesores que pueden ser contratados por la universidades- se ha convertido en un centro neurálgico que en breve será acompañado por otra agencia estatal de prospección que tendrá como cometido evaluar los proyectos de investigación. Con estas dos agencias el Ministerio pretende flexibilizar el sistema creando una mayor autonomía en las universidades, elevando el nivel de calidad en las mismas y estimulando la cooperación en la investigación. En cierto sentido, la creación de estas dos agencias implica un control del Ministerio sobre la calidad de los docentes y sobre los proyectos de investigación que son, al parecer, el talón de Aquiles de la universidad española. Es un tanto paradójico que la flexibilización universitaria pase por el control de agencias que tiene un carácter estatal y lo que en principio parece una norma flexible y de consenso (las agencias proponen y la universidad dispone) puede convertirse en algo muy diferente si, tal como parece, no queda claro quién debe asumir responsabilidades cuando el proceso presente anomalías o deficiencias. Decir que la Universidad debe rendir cuentas ante la sociedad no deja de ser un magnifico objetivo, pero no lo es menos que dichos mecanismos deben estar especificados para evitar la temida endogamia que asola la universidad y el no menos peligroso alejamiento de la realidad que últimamente parece estar tan presente en la vida universitaria.
Sea como fuese, el Gobierno ha sacado el tema de las universidades a debate en un momento en que se apuesta por la integración en la Unión Europea. Para ello se crea un grado universitario que con 240 créditos esta reconocido en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior. La carrera universitaria se puede complementar con un Master (hasta ahora prácticamente inexistente en la Universidad española) mientras que el doctorado supondría el inicio de la carrera investigadora. No es necesario decir que la puesta en marcha de los master ha supuesto todo un reto, habida cuenta de la relevancia que ello supone y de la siempre tumultuosa puesta en práctica que cualquier actividad extra genera en la vida académica.
La Ministra también habló de la polémica y discutida asignatura “educación para la ciudadanía” que se quiere impartir en la enseñanza media. Esta asignatura cuyo borrador fue aprobado por el Consejo de Estado es fruto de un acuerdo entre 19 países en lo que parece ser un esfuerzo para vertebrar una serie de asignaturas comunes “europeas”, hecho que ha pasado prácticamente inadvertido en la pugna que mantienen los interesados en la educación. Muchos de ellos ven en este tipo de asignaturas más rastros del pasado - fomento de espiritus nacionales- que del futuro - ciudadanía europea-. Y es en estos aspectos donde - crispación aparte- se aprecian los fracturas que presentan los planes y proyectos que el Ministerio de Educación y Ciencia quiere afrontar al no acompañar con datos y cifras -a la par que acciones políticas-, los objetivos que desea acometer.