Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad del gobierno Zapatero ha explicado en el Foro de la Nueva Sociedad, el pasado día 30 de noviembre, los aspectos que desarrollará la nueva ley de Dependencia que fue aprobada por el Congreso de las Diputados ese mismo día. Esta ley tiene una importancia estratégica para la integración porque quiere reforzar en un único modelo los servicios sociales que basados en la educación, salud y pensiones deben elevar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias. La ley parte de un nuevo concepto de ciudadanía que contextualiza el derecho que tienen todas las personas a los servicios sociales y a las prestaciones económicas. Es en el fondo, el derecho a la promoción de la autonomía personal y conseguir que las personas que están en situación de dependencia tengan garantizado este sistema. Pero… ¿Cómo identificar a las personas que se encuentran en una situación de dependencia? De ello se hará cargo el Consejo Territorial de la Dependencia, institución de carácter autonómico cuya decisión tendrá validez en todo el Estado. Junto al baremo – que establece el nivel de dependencia- se establecerán los mecanismos de apoyo y supervisión. Teniendo en cuenta que se estima en 200.000 “gran dependientes” (dependientes de grado 1) el número de personas que se podrán acoger a esta ley cuando entre en vigor el próximo 1 de enero de 2007 no es de extrañar que se haya contemplado el establecimiento de una red de centros públicos y privados para atender esta demanda de servicios asistenciales. La ley contempla la colaboración y el estimulo fiscal con la iniciativa privada – algo que no quedó del todo claro en la intervención- hecho especialmente llamativo teniendo en cuenta la escasa voluntad asistencial que ha caracterizado al sector no público español.
El incremento presupuestario no es, por otra parte, nada desdeñable: 1664 millones de euros tiene estimados la Secretaría de Asuntos Sociales y un plan presupuestario general de 13.000 millones de euros en los próximos 8 años. El primer apartado supone de por si un 46% de incremento. Otro tipo de estimaciones cifran en 300.000 los empleos que se crearán en los próximos 10 años y, por otro lado, el CIS ha recogido en una reciente encuesta como el 76% de los ciudadanos se mostraba partidario de la misma. Si por otro lado, pensamos que se estiman en cerca de 2 millones de españoles los que sufren algún grado de dependencia sorprende que esta situación haya pasado un tanto desapercibida. Los datos indican que, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Sociales creo cerca de 5000 plazas nuevas en Centros de Día y 2687 en los de gran discapacidad (1,4% del total previsto) y cerca de 12269 nuevas plazas fueron habilitadas para personas menores de 65 años con deficiencias psíquicas. Teniendo en cuenta la situación actual extraña que esta ley no este más presente en nuestro ideario cotidiano. La ley establecerá nuevos protocolos en los centros socio-sanitarios y las infraestructuras deben garantizar que haya bien servicios o bien prestaciones dinerarias. Y si no hay infraestructura suficiente en la Red Pública (lo que parece evidente) habrá dinero para que se gestione en la Red Privada. Los cuidadores familiares recibirán formación, una prestación y alta en la Seguridad Social lo que favorecerá a mujeres de 53 años que son las cuidadoras de sus familiares en cerca del 80 % de estas personas dependientes. La implementación de un Consejo estatal de Familias será una de las medidas para facilitar y apoyar la integración. Todo lo manifestado por Valcarce parece ir en la línea fijada por el gobierno como estratégica :La ley de la igualdad y la ley de la dependencia. Con estos dos instrumentos en marcha - y los presupuestos asignados- no sólo parece que se producirá un notable cambio en la protección social. También se podrá contemplar como un nuevo concepto de bienestar social podrá hacerse visible para una parte muy importante de la población española que hasta el momento ha estado "invisiblemente dependiente".