Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación y Ciencia del Gobierno Zapatero presentó en el Hotel Ritz el pasado día 27 de Noviembre de 2006 un balance de su gestión en el Ministerio. Su intervención se centró básicamente en los aspectos relacionados con la siempre polémica ley de la Reforma Universitaria que tiene como objetivo conseguir que la universidad española eleve sus niveles de excelencia al mismo tiempo que logra la convergencia en un "espacio común" de la enseñanza europea, de acuerdo a las directrices del llamado acuerdo de Bolonia.
Las cifras presupuestarias que maneja un Ministerio como este no son baladíes pero, paradójicamente, no estuvieron presentes en ningún momento. Y eso llama mucho la atención. Todos sabemos que los planes “ de prepuesto cero” adolecen cuando menos de dos defectos: el primero es la escasa incidencia en un plano que como el universitario está altamente funcionarializado y poco motivado y el segundo es la escasa capacidad de evaluar la gestión para conseguir los objetivos previstos en el mismo. Ya se sabe que si no se alcanzan es, fundamentalmente, porque no había presupuesto para ello. Y con este argumento – históricamente demostrado- muchos de los planes y proyectos se han quedado en un maravilloso deseo, en el mejor de los casos. Lo curioso es que a pesar de ello, “tenemos las mejores universidades de nuestra historia” en palabras de la Ministra. Y esas universidades permiten que un número muy elevado de la población española acceda a títulos universitarios a un coste relativamente bajo en instituciones públicas. Lo cual no deja de ser muy importante en términos de valor social y de creación económica. Y más teniendo en cuenta que España es uno de los pocos países donde la enseñanza en la Universidad Pública está asociada a términos de calidad.
Tal vez el discurso de la Ministra deba encuadrarse en otro contexto. El de la acción política de un Ministerio que ve como la mayoría de sus competencias han sido traspasadas a las Comunidades Autónomas. La creación de la ANECA- el organismo que regula la aptitud de los profesores que pueden ser contratados por la universidades- se ha convertido en un centro neurálgico que en breve será acompañado por otra agencia estatal de prospección que tendrá como cometido evaluar los proyectos de investigación. Con estas dos agencias el Ministerio pretende flexibilizar el sistema creando una mayor autonomía en las universidades, elevando el nivel de calidad en las mismas y estimulando la cooperación en la investigación. En cierto sentido, la creación de estas dos agencias implica un control del Ministerio sobre la calidad de los docentes y sobre los proyectos de investigación que son, al parecer, el talón de Aquiles de la universidad española. Es un tanto paradójico que la flexibilización universitaria pase por el control de agencias que tiene un carácter estatal y lo que en principio parece una norma flexible y de consenso (las agencias proponen y la universidad dispone) puede convertirse en algo muy diferente si, tal como parece, no queda claro quién debe asumir responsabilidades cuando el proceso presente anomalías o deficiencias. Decir que la Universidad debe rendir cuentas ante la sociedad no deja de ser un magnifico objetivo, pero no lo es menos que dichos mecanismos deben estar especificados para evitar la temida endogamia que asola la universidad y el no menos peligroso alejamiento de la realidad que últimamente parece estar tan presente en la vida universitaria.
Sea como fuese, el Gobierno ha sacado el tema de las universidades a debate en un momento en que se apuesta por la integración en la Unión Europea. Para ello se crea un grado universitario que con 240 créditos esta reconocido en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior. La carrera universitaria se puede complementar con un Master (hasta ahora prácticamente inexistente en la Universidad española) mientras que el doctorado supondría el inicio de la carrera investigadora. No es necesario decir que la puesta en marcha de los master ha supuesto todo un reto, habida cuenta de la relevancia que ello supone y de la siempre tumultuosa puesta en práctica que cualquier actividad extra genera en la vida académica.
La Ministra también habló de la polémica y discutida asignatura “educación para la ciudadanía” que se quiere impartir en la enseñanza media. Esta asignatura cuyo borrador fue aprobado por el Consejo de Estado es fruto de un acuerdo entre 19 países en lo que parece ser un esfuerzo para vertebrar una serie de asignaturas comunes “europeas”, hecho que ha pasado prácticamente inadvertido en la pugna que mantienen los interesados en la educación. Muchos de ellos ven en este tipo de asignaturas más rastros del pasado - fomento de espiritus nacionales- que del futuro - ciudadanía europea-. Y es en estos aspectos donde - crispación aparte- se aprecian los fracturas que presentan los planes y proyectos que el Ministerio de Educación y Ciencia quiere afrontar al no acompañar con datos y cifras -a la par que acciones políticas-, los objetivos que desea acometer.